La reconversión fallida de la minería española: 26.500 millones a la basura con respaldo sindical

UGT ha calificado este lunes de «lamentable» que Bruselas dé 2.130 millones a España para acometer el cierre de las 26 minas de carbón que están abiertas ahora mismo. El sindicato denuncia que este hecho «supone el fin de la minería del carbón en nuestro país y condena a las comarcas mineras a transformarse en verdaderos guetos».

El sindicato asegura que «todo esto evidencia la catadura moral de este gobierno» y se pregunta que «si son capaces de hacer esto con la minería, qué no serán capaces de hacer con el resto». No obstante, el uso de los fondos dedicados a la minería está en entredicho desde hace décadas. Por poner un ejemplo, en 2001 se inauguró el campus de Mieres de la Universidad de Oviedo, un centro universitario que costó 133 millones de euros y con capacidad para 6.500 alumnos en una localidad de apenas 40.000 habitantes.

Una de las personas que inauguró el campus de Mieres es José Ángel Fernández Villa, histórico líder del SOMA-UGT (sindicato de mineros) ahora acusado de un delito de apropiación indebida. La Fiscalía General investiga la posible procedencia irregular de los 1,2 millones de euros que el sindicalista minero regularizó en la amnistía fiscal de 2012.

En Asturias, un sinfín de museos, como los de la minería, el urogallo, la trucha, el queso e incluso uno dedicado al movimiento obrero se erigieron con cargo a los Fondos Mineros. Parques, polideportivos y piscinas climatizadas en pueblos de poco más de mil habitantes forman parte de la lista de cosas absurdas en las que se gastaron millones de euros que deberían haberse dedicado a la reconversión de la minería. Por aquel entonces, a nadie parecía importarle el despilfarro. Tampoco nadie protestaba.

Entre 1998 y 2011, a través de distintos planes del carbón, el sector de la minería recibió más de 700 millones anuales en ayudas a la explotación y al cierre de la actividad, a través de un plan de prejubilaciones que comenzaba a los 52 años (incluso antes con bonificaciones) y que disfrutaba también el personal de oficina.

En ese sentido, la investigación sobre el ‘caso Villa’ ha apreciado irregularidades en la gestión de los fondos que el sindicato minero SOMA-UGT recibió para desarrollar el programa de jubilación activa. Los investigadores han observado presuntos desvíos del dinero que la SEPI aportó en su día para el desarrollo de este programa.

Más de 13.000 millones de euros en 15 años

Además de esos 700 millones al año, mediante los Fondos Mineros se asignaron otros 3.130 millones de euros para infraestructuras, planes de formación y subvenciones a nuevos proyectos empresariales y otros 1.500 millones de euros a repartir durante los ocho años del Plan.

La minería ha recibido, en total, más de 13.000 millones de euros en subvenciones en apenas 15 años a través de diferentes planes firmados por los sindicatos mineros. Algunas estimaciones, como las del economista Arturo Taibo, sitúan el coste de los últimos 30 años cerca de los 26.500 millones de euros.

Calcular con exactitud cuánto dinero de las arcas públicas ha recibido el sector minero en las últimas décadas se convierte en una tarea titánica a la luz de las distintas partidas, subvenciones y privilegios de los que ha disfrutado y disfruta.

De hecho, no sólo en subvenciones se mide el coste del coma inducido en el que aún a día de hoy se mantiene absurdamente al sector del carbón. En España, las empresas eléctricas están obligadas por el Gobierno a comprar carbón nacional, algo que acaba trasladándose a la factura final de la luz que pagan las familias.

Aun así, UGT no cede en sus pretensiones. El sindicato asegura que «este atropello no se puede consentir» y que va a luchar con todas sus fuerzas «para evitar tal despropósito del Gobierno del Partido Popular».